La promulgación de la Ley Integral sobre Violencia contra las Mujeres representa un hito en la política pública chilena, al establecer un marco normativo unificado para la prevención, sanción y reparación de todas las formas de violencia de género. Esta ley incorpora principios internacionales de derechos humanos y compromisos derivados de tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, fortaleciendo la acción del Estado frente a las violencias estructurales que afectan a las mujeres en distintos ámbitos de la vida.
Entre las múltiples formas de violencia, la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual se presentan como fenómenos especialmente graves, complejos y persistentes, que requieren comprensión intersectorial, articulación de redes y fortalecimiento de las capacidades de los equipos locales para una respuesta oportuna, ética y con enfoque de derechos humanos.
Este seminario busca sensibilizar y actualizar a los equipos profesionales de la red local respecto a los alcances de la Ley Integral, promoviendo la comprensión de los nuevos marcos institucionales y la adopción de prácticas coherentes con la atención, prevención y reparación de la violencia sexual y la trata de personas.
Profesionales y técnicos/as de salud, programas municipales de mujer y género, equipos de atención primaria, duplas psicosociales, matronas/es, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, y profesionales vinculados a la red de prevención y atención de violencia de género en las comunas de Illapel y Salamanca.
Sensibilizar y fortalecer las competencias de las y los profesionales de la red local en la comprensión y aplicación del enfoque integral de la Ley de Violencia contra las Mujeres, con especial énfasis en la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Comprender los principios, alcances y obligaciones del Estado que establece la Ley Integral sobre Violencia de Género en Chile.
Analizar las características, dinámicas y manifestaciones de la violencia sexual y la trata de personas.
Identificar los mecanismos de derivación, protección y acompañamiento a víctimas y sobrevivientes desde la red local.
Promover la coordinación intersectorial y la sensibilización institucional frente a las nuevas exigencias legales.
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